En fechas recientes se ha presentado a la Mesa del Congreso de los Diputados una proposición no de Ley relativa a “la mejora de la protección de los pacientes afectados por la pseudociencia”
Lo cierto es que cada vez son más los pacientes que nos comentan que utilizan homeopatía, que toman agua con limón “que lo limpia todo por dentro” o que se hacen lavados del colon.
Si la Medicina ha progresado en las últimas décadas no es por pseudoterapias que tienen la misma validez que los echadores de cartas, sino gracias al método científico que es el que permite demostrar si un tratamiento médico es útil para el paciente o no. Gracias a la medicina convencional múltiples enfermedades tienen hoy día cura. Por poner dos ejemplos, la hepatitis C o la tuberculosis.
Pese a los avances médicos proliferan los naturistas, homeópatas, médicos de medicina ortomolecular, médicos holistas y toda una serie de sujetos que a mi modo de ver lo único que hacen es practicar pseudociencias que solamente pueden perjudicar la salud de los pacientes.
En este enlace tienen un listado de algunas de estas pseudociencias , algunas de ellas tan peculiares como la curación por el suero de anguila, la terapia de vidas pasadas, la orinoterapia o el péndulo hebreo…
Que los médicos de forma individual tengamos que denunciar a estos charlatanes no sé si es la solución. Tal vez los Colegios de Médicos deberían de ser los encargados de oficio de ello. Que lo que a mi modo de ver sí que tenemos que hacer es explicarles a los pacientes que lo único que van a conseguir si recurren a estas pseudociencias es que les vacíen los bolsillos y empeorarles la salud. Aunque las utilice un médico.
Transcribo un resumen de los argumentos de dicha proposición .
Se argumenta que los médicos somos elementos esenciales a la hora de detectar agresiones, abusos o situaciones de vulneración de derechos fundamentales a los ciudadanos como las situaciones de violencia de género , delitos de lesiones o maltratos a menores. Los médicos tenemos la obligación legal de poner en conocimiento de la autoridad judicial la posible existencia de un hecho delictivo relacionado con estas situaciones
Sin embargo, se comenta en dicha proposición de Ley “a día de hoy se están dejando de lado otros elementos que, pudiendo ser constitutivos de delito, no se deben denunciar de manera sistemática.En relación a esto último nos referimos a los efectos perniciosos que poseen las pseudociencias, y sobre todo quienes las indican, para los pacientes”.
Son numerosas las ocasiones en las que un paciente, con enfermedad terminal en numerosos casos abandona un tratamiento con eficacia clínica probada y evidente probabilidad de éxito por terapias naturales o pseudociencias que no poseen evidencia científica alguna con efectos beneficiosos sobre la salud. También existen numerosos casos en los que los pacientes sufren intoxicaciones o daños fisiológicos importantes como consecuencia de ingerir productos peligrosos o sin garantías sanitarias, que incluso pueden interaccionar con tratamientos que estén tomando.Además, puede ser peligroso el uso de este tipo de «terapias» como complementarias de un tratamiento médico. Por ejemplo, determinados productos a base de plantas interactúan con los medicamentos empleados en quimioterapia.Pese a los avances en la medicina y los logros conseguidos en muchas enfermedades, en especial el aumento de esperanza de vida y las tasas de supervivencia en diferentes patologías, el auge de las terapias alternativas sin aval científico es imparable y su uso se extiende cada vez más en especial sobre colectivos de enfermos cuyas patologías derivan en procesos terminales o requieren un tiempo de tratamiento amplio.Hay un argumento recurrente cuando se aborda este problema que defiende este tipo de prácticas. Según sus defensores, los pacientes que acuden a terapias naturales o pseudociencias no se ven perjudicados por elegir este tipo de tratamientos. Una hipótesis que no es verdad en una cantidad importante de casos.
La falta de regulación generalizada en este ámbito tanto hacia los profesionales que las imparten o recomiendan, así como la falta de regulación sobre los productos y terapias que son consideradas efectivas o no, basadas en criterios científicos, ha supuesto la aparición de un limbo legal en el que existen pacientes que, desesperados por el avance de su enfermedad, abandonan tratamientos con posibilidad de curación por tratamientos naturales o pseudociencias que no están avaladas e indicadas, científicamente, para tratar sus dolencias.
Podemos comprobar cómo existen personas de toda índole social y nivel educativo que confían su salud a terapias naturales y pseudociencias abandonando tratamientos Esta problemática se está tratando ya en numerosos congresos médicos y científicos. Todos ellos coinciden en que el uso de estas terapias está en aumento y que es necesario que desde la profesión sanitaria se pueda denunciar este tipo de prácticas no tanto por lo que hacen sobre los pacientes, que en algunos casos también sería preciso, sino que por lo que dejan de hacer por los pacientes.
Otro elemento en cuestión a la hora de combatir este tipo de prácticas es apelar a la responsabilidad que las administraciones autonómicas y ayuntamientos poseen en relación a las actividades comerciales que se desarrollan en sus territorios. El Real Decreto 1277/2003, sobre autorización de centros y establecimientos sanitarios establece que son las administraciones autonómicas, por regla general, quienes deben velar por las autorizaciones pertinentes en el establecimiento de centros sanitarios en su territorio, una situación que a día de hoy no se produce dado que numerosos de estos establecimientos, que comienzan su actividad con actividades pretendidamente sanitarias, no pasan los controles pertinentes.
Somos conscientes de la libertad de los pacientes a la hora de elegir si continuar o no un tratamiento específico, pero también somos conscientes del daño que algunas personas causan a otras al ofrecer información o expectativas falsas basadas en remedios o prácticas sin evidencia científica. Por ello consideramos que los profesionales sanitarios deben ser parte esencial en la detección de casos en los que existe un perjuicio claro en la salud de los ciudadanos por intereses contrarios al bienestar del paciente.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las modificaciones legales oportunas a fin de que los profesionales sanitarios estén obligados a comunicar a las autoridades legales pertinentes (fiscalía o juzgado de guardia) las prácticas llevadas a cabo por profesionales, titulados o no titulados, que alejadas de la evidencia científica pudieran causar un perjuicio real en la salud directa de sus pacientes. Todo ello se hará a fin de detectar malas prácticas que pongan en peligro la salud pública o la vida de los pacientes.»
Santa Cruz de Tenerife
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